Las alarmas han saltado. Las sospechas de que Donald Trump pueda decidir exonerar a sus allegados y a sí mismo en la trama rusa han tomado cuerpo. En un tuit lanzado el sábado por la mañana, el presidente de Estados Unidos se atribuye “plenos poderes para perdonar”. Aunque el mandatario no precisa los casos, la señal no ha pasado inadvertida. Desde hace días, los medios estadounidenses apuntan que Trump ha mantenido reuniones con sus asesores legales para conocer los límites del perdón presidencial. Dada la autoridad de la que está investido, su concesión presenta pocos obstáculos en el caso de terceros, pero hay enormes dudas sobre su autoaplicación. La medida carecería de precedentes sólidos y, en cualquier caso, supondría un escándalo difícilmente asumible en una democracia basada en la división de poderes y el respeto a la ley.

En este contexto, la frase de Trump (“Mientras todo el mundo acepta que el presidente tiene plenos poderes para perdonar, por qué pensar en eso si hasta ahora el único delito son las filtraciones contra nosotros”) está dirigida a alimentar el debate. No sólo sostiene que sus poderes son plenos, sino que “todo el mundo está de acuerdo” en referencia a un consenso que no existe.

Los asesores de la Casa Blanca han intentado quitar hierro al asunto. Para ellos, la reuniones mantenidas solo tenían carácter “teórico”. La sospecha, sin embargo, se dirige hacía otra dirección. El Despacho Oval ha iniciado un giro en su estrategia frente a la trama rusa y ha empezado a cuestionar el trabajo del fiscal especial, Robert Mueller. Le ha atacado por la supuesta parcialidad de sus colaboradores y considera que está dejando fuera el periodo en que la investigación de la injerencia electoral rusa estuvo bajo el mando de Barack Obama.

Este viraje ha coincidido con cambios en el mismo equipo legal y la sensación, cada vez más nítida, de que Mueller, quien durante 13 años lideró el FBI, investiga al presidente y su entorno no sólo por la supuesta colaboración con el Kremlin en su campaña contra Hillary Clinton, sino por sus conflictos de interés financieros. En este sentido, el fiscal especial ya ha solicitado oficialmente información de las cuentas de los familiares del presidente y se presume que también está revisando las conexiones de su imperio con empresas vinculadas a Rusia. Si los temores de la Casa Blanca se confirman, se abriría una doble crisis. Una legal y enraizada en un elemento tan líquido en el universo Trump como el dinero. Y otra política, por el daño que causaría a los republicanos la imagen nixoniana de un presidente en combate con el fiscal especial.

Trump enciende la polémica al atribuirse “plenos poderes para perdonar” delitos

 El País  22 de julio de 2017