El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump analiza tomar medidas contra Perú por la deforestación de la Amazonía. Según personas que conocen la propuesta, sería la primera vez que Estados Unidos intenta sancionar a un socio comercial por violar estándares ambientales en un acuerdo.
Robert Lighthizer, representante comercial de Estados Unidos, está considerando desafiar la decisión de Perú de desmantelar un organismo creado para detener la tala ilegal de árboles en la selva amazónica como parte del Acuerdo de Promoción Comercial PERÚ-EE.UU. de 2007. Es probable que Lighthizer quiera demostrarle a los demócratas que está dispuesto a tomar acciones decisivas en los temas que ellos consideran importantes.
Según diversos funcionarios, Estados Unidos podría convocar a un tribunal independiente en una fecha tan próxima como el 21 de diciembre para que decida sobre el caso, sin embargo, también advirtieron que las fechas podrían cambiar.
La decisión, que ocurriría mientras Trump reduce sistemáticamente las protecciones a las áreas silvestres en Estados Unidos, podría tener consecuencias significativas para el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, T-MEC, que será analizado por la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes.
El acuerdo forestal fue agregado al acuerdo comercial de 2007 por Nancy Pelosi, la representante demócrata de California, quien al parecer volverá a la presidencia de la Cámara de Representantes en enero. El lenguaje es la base para el cumplimiento de las disposiciones de los estándares laborales y ambientales en el tratado entre Estados Unidos, México y Canadá que los tres países firmaron este año.
El nuevo acuerdo comercial, que remplazara al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, debe ser aprobado por el congreso y los demócratas han cuestionado si el acuerdo renegociado tiene la suficiente fuerza para obligar a México a cumplir con los compromisos de elevar los salarios en la industria automotora. El Anexo Forestal de Perú fue considerado un modelo para un nuevo sistema de inspección que podría incluir la confiscación en la frontera de bienes considerados como violatorios del tratado, y la presentación de acciones judiciales en contra de compañías que importan productos que no cumplen con las especificaciones.
Según un funcionario estadounidense, la medida tiene como objetivo demostrarle a Pelosi y a los demócratas de la Cámara de Representantes que Trump está dispuesto a tomar medidas para asegurarse de que las disposiciones del nuevo tratado de América del Norte serán cumplidas al máximo nivel posible.
La semana pasada, Lighthizer intentó contener las repercusiones de las recientes declaraciones de Trump sobre sus planes de retirarse del TLCAN, un anuncio que busca presionar a los demócratas para que aprueben el nuevo acuerdo dentro de los próximos seis meses.
Lighthizer se reunió con Pelosi la semana pasada con el fin de asegurarle que el gobierno planea implementar un sólido sistema de inspecciones en la frontera para asegurarse de que México cumplirá con sus obligaciones laborales y ambientales.
“Aunque hay aspectos positivos en este acuerdo comercial propuesto, es solo una lista que no asegura el cumplimiento de las protecciones laborales y ambientales”, dijo Pelosi después de una reunión.
Según tres funcionarios, Lighthizer ha convencido a Trump de retrasar la solicitud formal de retirarse del TLCAN. Si el mandatario decide salirse del tratado, el congreso solo tendría seis meses para aprobar la legislación que permitiría la implementación del nuevo acuerdo, de lo contrario habría que regresar a los convenios comerciales previos que incluyen aranceles más altos.
Durante los últimos años, Perú ha disminuido el cumplimiento de las leyes ambientales en un intento por atraer inversión extranjera. En 2016, el gobierno peruano despidió al presidente del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales, Rolando Navarro, después de que ejecutivos de la industria de la madera protestaron por el incautamiento de madera de la Amazonía por parte de funcionarios estadounidenses.
La semana pasada, el gobierno peruano acotó en gran medida la autoridad del organismo, el cual fue fundado para cumplir con el acuerdo.
Durante la década pasada, el congreso estadounidense le ha otorgado a Perú 90 millones en asistencia con el objetivo de aumentar la aplicación de la ley. En 2015, funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos en Houston, con base en los datos de inteligencia de sus homólogos peruanos, incautaron 1770 toneladas de madera de la selva amazónica que encontraron en un buque carguero oxidado.
No obstante, desde entonces ha disminuido la aplicación de las leyes, y la deforestación ilegal está en aumento, según una investigación de The Associated Press publicada en abril.
Los demócratas de la Cámara de Representantes, incluidos los miembros que obligaron al gobierno de George Bush a incluir las disposiciones de la selva amazónica en el tratado hace una década, han protestado por las acciones de Perú.
“La selva peruana es una de las maravillas del mundo”, escribieron los miembros demócratas del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes en una carta dirigida a Lighthizer el 19 de diciembre.
“Solicitamos que el representante comercial de Estados Unidos continúe insistiendo en que esta decisión descarada y de mala fe sea revertida formalmente para finales de esta semana. Y si no, entonces exhortamos al representante comercial que tome medidas inmediatas para hacer cumplir el acuerdo existente con Perú mediante las vías apropiadas”.
Funcionarios de comercio se preparan para presentar una queja con un tribunal independiente establecido como parte del tratado. Si los jueces fallan a favor de Estados Unidos, Perú tendría que revisar sus políticas o enfrentar sanciones económicas. La acción podría tomarse desde este viernes.
Un vocero del representante comercial de Estados Unidos no respondió a una solicitud para comentar al respecto. La Embajada de Perú en Washington tampoco ofreció una respuesta.
