El 19 de octubre pasado, el representante de Comercio de Estados Unidos, Robert Lighthizer, anunció que este país bloqueará los envíos de madera de la empresa Inversiones La Oroza (una de las mayores exportadoras peruanas) debido a que se habían detectado cargamentos de origen ilegal. Cinco días después, el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Eduardo Ferreyros, salió a poner paños fríos al tema.
“[La sanción] afecta solo a una empresa. Hay que poner atención al servicio forestal para asegurar que nuestro despacho de madera sea de tipo legal. Esto no afecta nada al TLC”, respondió el ministro.
Ferreyros se pronunció como titular del sector garante del Acuerdo de Promoción Comercial que firmó el Perú con EE.UU. en el 2006 (llamado comúnmente tratado de libre comercio) y que entró en vigencia en el 2009. La sanción del gobierno de Donald Trump se enmarca en las cláusulas pactadas entre ambos países en el anexo forestal del TLC, que obliga al Perú a garantizar la legalidad de su sector forestal. Tras la noticia, El Comercio buscó al ministro para ahondar en las implicancias que tendría la sanción en el TLC, pero no respondió nuestra solicitud.
-¿Cuál es el panorama actual del sector forestal peruano? –
El Comercio cruzó información de distintos organismos, instituciones y personas involucradas directamente con la lucha contra la tala ilegal y el tráfico de madera para explicar en qué contexto se recibe esta sanción. Las cifras e investigaciones demuestran que la alerta es una clara señal de la informalidad que impera en el sector.
Pese a los esfuerzos, el Perú no ha formalizado su sector forestal tras ocho años de la entrada en vigencia del TLC con EE.UU. De acuerdo al Gobierno Estadounidense, para este fin han destinado casi US$75 millones en asistencia técnica desde el 2009.
Pese a los esfuerzos, el Perú todavía tiene muchos problemas. En setiembre del 2016, un informe de El Comercio reveló que el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (Osinfor) detectó entre el 2009 y el 2016 irregularidades en el 80% de sus inspecciones. Es decir, desde la entrada en vigencia del TLC el único ente peruano responsable de comprobar en el bosque que la madera era extraída de zonas autorizadas no pudo acreditar la legalidad de casi toda la madera.
Desde esa fecha hasta hoy, no hay información actualizada y consolidada sobre las supervisiones del Osinfor. El Comercio solicitó una entrevista con el jefe del organismo, Máximo Salazar, en el contexto de la sanción de EE.UU., pero se excusó de declarar para este informe.
El Comercio 5 de noviembre de 2017
