Nunca antes se había impedido el ingreso de tanta madera a Estados Unidos por la evidencia de que había sido talada ilegalmente.

Alertados por las autoridades peruanas, agentes aduaneros de Houston frenaron el ingreso de 1.770 toneladas métricas de madera de la selva amazónica, una cantidad suficiente como para llenar tres canchas de fútbol, que había llegado en un buque de carga. El episodio de octubre del 2015 constituyó una poco frecuente victoria en la lucha por preservar las selvas tropicales y asestó un duro golpe al comercio ilegal de la madera en Perú, donde según el Banco Mundial el 80% de la madera que se exporta es ilegal.

El triunfo, no obstante, fue efímero.

El director del servicio de investigaciones forestales, que fue el artífice de esta operación, fue despedido al poco tiempo —el mismo día en que lo visitó el embajador estadounidense para alentarlo a que continuase por el mismo camino— y recibió amenazas de muerte que lograron que se fuera del país y emigrase a Estados Unidos.

El mismo gobierno peruano conspiró contra los esfuerzos de Washington por limpiar una industria maderera local notoriamente corrupta, según se comprobó en una investigación de la Associated Press, mientras las autoridades nacionales no cumplieron con sus obligaciones sobre medio ambiente fijadas en el Tratado de Libre Comercio firmado con Estados Unidos en 2006.

Estados Unidos tiene pocos resultados que mostrar tras invertir 90 millones de dólares en ayuda relacionada a la protección de la selva en el Perú, que posee la segunda extensión más grande de tierras amazónicas, superada solo por la de Brasil, y que pierde unos 1.550 kilómetros cuadrados (600 millas cuadradas) de bosque por año.

A Estados Unidos se le hizo creer que el gobierno peruano hablaba en serio cuando se comprometió a combatir la tala ilegal de árboles, de acuerdo con Rocky Piaggione, fiscal a cargo de delitos contra el medio ambiente que visitó Perú con frecuencia antes de retirarse el año pasado.

«Esperaban que llevasen a mucha gente a juicio, pero no pasó nada», expresó, y solo comprendieron la magnitud del engaño con el despido del director del servicio de inspecciones forestales. Según Piaggione, el gobierno peruano había asegurado a la embajada que el funcionario estaba seguro en el puesto.

Desde entonces, las inspecciones para detectar la tala ilegal mermaron. Los fiscales apenas han impulsado casos judiciales contra los responsables y los funcionarios regionales que por años han firmado documentos falsos permitiendo la tala ilegal siguen en sus puestos.

ATENTADO Y EXILIO

La tala ilegal es el más rentable delito ambiental, según la ONU, que causa por lo menos 50.000 millones de dólares en daños económicos al año. Es un delito corporativo mezclado con el lavado de dinero y el fraude tributario que se ha vuelto tan sofisticado, según Interpol, que las fuerzas policiales de los países en desarrollo están agobiadas.

El Congreso estadounidense trató de asegurarse en el 2008 de que la selva no sería destruida para que haya madera en los hogares de Estados Unidos y declaró al tráfico de madera obtenida ilegalmente —sea en su territorio o en el exterior— un delito castigable con hasta cinco años de prisión.

El principal afectado por la enmienda de la ley ambiental más antigua del país, Lumber Liquidators Inc., se declaró en el 2015 culpable de importar a sabiendas madera talada ilegalmente de Rusia, donde los tigres siberianos están en peligro. La empresa pagó 13 millones de dólares en multas y restitución.

El cargamento de 1,5 millones de dólares detenido en Houston contenía variedades usadas generalmente para contrachapado, molduras y pisos. Posteriormente, se interceptó otro cargamento en México del mismo carguero, el Yacu Kallpa, con lo que se clausuró la única ruta para exportar madera del río Amazonas.

El superintendente de aduanas y de administración tributaria del Perú sostuvo que los perjuicios causados por el comercio ilegal de madera era apenas «la punta del iceberg».

«Se golpeó a Iquitos, pero Iquitos no es la principal zona maderera», expresó Gustavo Romero. «El grueso de la operación es Pucallpa, que es la zona que concentra a los aserradores, y las exportaciones más grandes salen por El Callao».

«Se puede decir que se ha dado un primer paso. O sea, todavía falta develar una buena parte del problema», agregó.

México sigue siendo parte del problema.

El cargamento detenido allí, en el puerto de Tampico, Tamaulipas, en febrero de 2016, fue liberado por autoridades mexicanas siete meses después sin ningún anuncio público, según documentos vistos por la AP y un capitán de puerto.

Un mes después de la confiscación de Houston, a fiscales peruanos se les impidió descargar cientos de toneladas de madera del Yacu Kallpa, en Iquitos, puerto sobre el río Amazonas.

Una semana después, se colocó una bomba incendiaria en la puerta de los inspectores forestales de Pucallpa. Ocho agentes de la policía resultaron lesionados al tratar de desarmar barricadas. En Iquitos, manifestantes le prendieron fuego a un ataúd con un cartel que llevaba el nombre del director de inspecciones forestales, Rolando Navarro. No lo querían allí.

Y el 14 de enero del 2016 el presidente de entonces Ollanta Humala lo despidió con un anuncio en la gaceta oficial. El ministro de agricultura dijo que se necesitaba una cara nueva.

Horas antes de ser despedido, Navarro recibió la visita del embajador estadounidense Brian Nichols, con quien habló sobre sus planes para intensificar la batalla contra la tala ilegal.

«Indicó que estaba muy satisfecho, muy impresionado por el trabajo que veníamos realizando», afirmó Navarro. «Porque se estaba enfrentando a toda una red de crimen organizado».

Nichols desistió de ser entrevistado para este despacho. Pero otra persona que participó en el encuentro, que habló a condición de no ser identificada por temor a represalias, confirmó la versión de Navarro.

Una semana después de ser despedido, Navarro se fue a Washington.

Posteriormente, cuando la esposa de Navarro paró en un semáforo de Lima, se le acercó un hombre armado que le dijo «tus hijos van a pagar pato por la madera», según la policía.

HIJO DEL AMAZONAS

Navarro, de 41 años, se crio en la ciudad amazónica de Tarapoto y sacó su título de administración de recursos naturales renovables a comienzos de la década de 1990 en Tingo María, ciudad cuna del tráfico de cocaína al pie de los Andes, en pleno conflicto con los fanáticos de Sendero Luminoso.

Cuando fue nombrado jefe del servicio de inspecciones forestales (OSINFOR) en el 2012, llevaba una década recorriendo el Amazonas y observando una tala ilegal extensa que los consultores norteamericanos, preocupados por la hoja de coca, solían ignorar.

Pocos lugareños se enfrentaron. En septiembre del 2014, el activista Edwin Chota y otras tres personas fueron asesinados tras años de resistencia contra la tala ilegal en sus tierras comunales. El único sospechoso detenido fue liberado el año pasado.

«Casi no hay pruebas», dijo el fiscal Julio Reátegui. «Los cadáveres se encontraron ya bastante descompuestos, casi huesos. Sabemos la forma en que murieron, pero no hay huellas de los autores. Por otro lado, los familiares y los pobladores no colaboran. Puede que tengan miedo».

En la selva peruana, los empobrecidos lugareños son presa fácil del comercio ilegal de madera.

«Viene un patrón y le dice, ‘quiero madera, te doy un motor fuera de borda, o te doy un peque peque (bote)’ y le engancha toda su vida», expresó Navarro.

El cultivo de árboles — y su transporte — requiere documentos que certifiquen que la madera proviene de áreas autorizadas para su producción. Pero las autoridades forestales han firmado por años documentos con datos falsificados que mienten sobre el origen de la madera.

El tratado de libre comercio entre Perú y Estados Unidos trató de poner fin a esa práctica, que ayudó a acabar con el grueso de los cultivos de cedro y caoba en la Amazonía peruana.

Con el apoyo de la embajada de Estados Unidos, Navarro y sus aliados en la agencia aduanera decidieron enfocarse en la madera exportada por el Yacu Kallpa en el 2015. Reunieron pruebas de un fraude sistemático en guías de transporte de madera. En sectores donde supuestamente había 95.000 árboles, con un valor de al menos 53 millones de dólares, los inspectores solo encontraron selva virgen. Incluso el origen de algunas partidas de madera era comunidades inexistentes.

LA RESPUESTA DE EEUU

El gobierno peruano defendió la legalidad del cargamento de Houston en varias cartas a funcionarios estadounidenses e importadores.

En el 2016, la ministra de comercio exterior le envió una carta al representante comercial de Estados Unidos Michael Froman en la que decía que el cargamento satisfacía los «requisitos formales previstos en el sistema legal» del país y que ni el gobierno ni los exportadores supieron que más del 95% de la carga era madera de origen ilegal hasta que el Yacu Kallpa había zarpado.

La lucha contra el comercio ilegal de la madera se resintió en varios terrenos:

— En el 2015 se instruyó el personal del servicio forestal peruano que suspendiese las inspecciones de las exportaciones de madera a menos que se tratase de caoba o de cedro, que requieren permisos especiales, de acuerdo con documentos públicos obtenidos por la Environmental Investigation Agency, una organización sin fines de lucro que en el 2012 publicó una exposición sobre la industria maderera ilegal en Perú.

— La oficina del Alto Comisionado para Asuntos de Lucha Contra La Tala Ilegal fue disuelta tras la llegada del nuevo presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski en julio del año pasado.

— En el organismo que dirigió Navarro se terminaron las inspecciones agresivas de zonas calientes de 2014-2015. También se suspendió una iniciativa para usar la tecnología de GPS en la identificación de árboles y la creación de una flota de drones de inspección, que Estados Unidos había alentado.

Ante el despido de Navarro, el gobierno del presidente Barack Obama empezó a pedir explicaciones.

Froman le preguntó a Perú si un cargamento de enero del 2015 a Houston llevaba madera cultivada ilegalmente, lo que permitiría que importadores estadounidenses fuesen juzgados.

Perú confirmó que sí, que la madera era ilegal, pero en un informe confidencial que nunca fue publicado.

Perú ha logrado «importantes progresos», declaró Froman a la AP, pero expresó también que es vital que Estados Unidos siga presionando.

Algunos legisladores opinan que el gobierno de Obama — sacrificando el medio ambiente en nombre del libre comercio — fue demasiado permisivo con Perú.

El representante demócrata Lloyd Doggett acusó a Froman de «encubrir los fracasos de Perú».

Cuando se le preguntó si Perú había cumplido sus obligaciones derivadas del Tratado de Libre Comercio en el terreno de la lucha contra la tala ilegal, el portavoz del Departamento de Estado Joseph Crook dijo que Estados Unidos está «empeñado en trabajar con nuestros colegas peruanos para garantizar la legalidad de la madera a lo largo de toda la cadena de abastecimiento».

Según la ley peruana que entró en vigor en el 2015, la tala ilegal y el tráfico de madera ilegal conllevan sentencias de hasta ocho años de cárcel, pero por ahora nadie ha sido condenado del delito.

El principal exportador involucrado en el caso de Yacu Kallpa sigue siendo investigado, pero no hubo arrestos. Un funcionario estadounidense que no estaba autorizado para hablar en público del tema dijo que en Perú «no hay voluntad política» para enjuiciar a los principales responsables. Es más, dijo, «parece que hay oposición política.»

PERMISOS FALSOS, FRAUDES IMPUNES

Por años, Estados Unidos ha estado presionando para que se instale un sistema electrónico de trazabilidad de la madera y para que se castigue a los funcionarios que han facilitado la tala ilegal. Fiscales y investigadores criminales de Estados Unidos y Perú afirman que solo habrá una reforma real si se elimina a los que falsificaron los permisos, algo que corresponde al servicio forestal peruano.

A lo largo de seis años, el organismo de inspecciones detectó infracciones en por lo menos el 70% de las 4.500 inspecciones que hizo. Al servicio forestal se le daban los nombres de los funcionarios involucrados, pero casi nadie fue castigado, según Navarro.

El nuevo director del servicio forestal peruano, el especialista en maderas tropicales John Leigh, recibió una lista con los nombres de 100 funcionarios que según los inspectores habían firmado permisos de tala fraudulentos. Leigh dijo en una entrevista que se estaba «iniciando el proceso para la aplicación de sanciones».

De los 153 funcionarios habilitados para firmar permisos, uno de cada siete estaba siendo investigado, de acuerdo con la portavoz del servicio forestal Lissete Herrera.

Tres funcionarios fueron despedidos por falsificar permisos, según una solicitud bajo la ley de transparencia que hizo la AP, y el que tenía más infracciones –tres– fue multado con 1.500 dólares.

EL IMPACTO EN LA INDUSTRIA MADERERA

Luego de permanecer más de un año en los muelles, la madera confiscada en Houston fue destruida.

El 70% pertenecía a la empresa de capitales mexicanos Global Plywood and Lumber Trading LLC, que está siendo investigada por las autoridades federales estadounidenses, según una orden de allanamiento de sus oficinas en un gimnasio de vóleibol de San Diego.

Los siete importadores involucrados resistieron más de un año hasta llegar a un acuerdo con las autoridades aduaneras de Estados Unidos por el cual tienen que pagar por el almacenamiento y por los costos relacionados con la destrucción del cargamento.

Jim Reader, de la Downes and Reader Hardwood Co. de Stoughton, Massachusetts, dijo que perdió 250.000 dólares en el cargamento y que no volverá a importar madera peruana. Afirmó que estaba seguro de que su empresa solo compró madera de fuentes legales en Perú.

«No quiero saber más nada de Perú», declaró.

Por su parte, la industria maderera peruana dice que perdió unos 140 millones de dólares en ventas en cada uno de los dos últimos años como consecuencia de la mala publicidad derivada de este episodio.

Navarro, el principal artífice de la confiscación del cargamento, dijo «el mayor perdedor aquí soy yo».

El ex funcionario asesora hoy al Center for International Environmental Law, una organización sin fines de lucro de Washington.

Separado de su esposa y a la espera de una respuesta a su solicitud de asilo político, confía en que su nueva compañera, una abogada de Lima, y su pequeña hija sean autorizadas a venir pronto.

«No sé cuándo voy a poder regresar a Perú», expresó.