Por lo general, se piensa que en una negociación una de las partes hace algunas concesiones para obtener algo a cambio, pero el Perú ganaría poco con el TPP. Ya cuenta con tratados de libre comercio (TLC) con EEUU, su segundo mayor socio comercial, y otros cinco países miembros del TPP.
La simple pregunta que enfrenta el Perú es si con el TPP estaría mejor que hoy. Ésta es la principal cuestión que deben considerar los negociadores peruanos. Por lo que sabemos a partir de distintas filtraciones de los textos que se están negociando, es probable que lo que se obtenga sea peor. Los beneficios del TPP para el Perú no están claros y los costos para su economía serán francamente altos.
En primer lugar, el TPP perpetuaría las ventajas desiguales de compañías de los países avanzados, elevando la protección de los derechos de propiedad intelectual en formas que aumentan las ganancias de los dueños de la propiedad intelectual, a expensas de todos los demás. Ahora sabemos que lo que separa a los países desarrollados de los países en desarrollo es una brecha en el conocimiento, y este TPP hará que esa brecha sea más difícil de cerrar. El resultado será que los peruanos estarán enviando cada año grandes cheques de dinero a EEUU, hasta el fin de los tiempos, por el uso de ese conocimiento, incluso si se basa en el robo de material genético de la Amazonía peruana.
En esta área, el TPP exige mucho más del Perú de lo que se acordó en el TLC con EEUU en 2009. De hecho, los grupos de la sociedad civil y los líderes del Congreso de EEUU exigieron que el Representante de Comercio –el negociador oficial norteamericano– utilizara ese acuerdo como base del TPP. Pero este Representante, en cambio, se colocó del lado de las grandes empresas del país.
El impacto de tener derechos de propiedad intelectual más estrictos se puede ver más claramente cuando se trata de apreciar cómo se están beneficiando las empresas de «Big Pharma» de las economías avanzadas. Empujados por los grupos de presión de la industria, los negociadores estadounidenses están presionando a los países del TPP para que acepten protecciones que aumentarán las ganancias de Big Pharma, no por innovar para producir nuevos medicamentos que salven vidas, sino manteniendo a los potenciales competidores, como los genéricos, fuera del mercado y cobrando precios más altos a los consumidores.
El TPP logra esto a través de una serie de cambios aparentemente secretos en las reglas –encubiertos además con una jerga oscura relacionada con «vinculación de patentes» y «biológicos»–que en conjunto permitirían a las empresas extender sus monopolios por muchos años más. Esto sería especialmente costoso para el Perú, cuya normativa actual incentiva más el intercambio de datos (data sharing) y la investigación. La empresa Mylan, líder en la fabricación de medicamentos genéricos, ha advertido que el TPP puede, en efecto, hacer cerrar sus relaciones comerciales con los países participantes, lo que significa que no solo los peruanos deberán pagar más por los medicamentos, sino también que algunas medicinas que salvan vidas pueden dejar de estar disponibles.
En segundo lugar, el TPP reduciría la capacidad de los países miembros –entre ellos el Perú– de aprobar normas legales regulatorias para proteger la salud pública, la seguridad y el ambiente, porque crearía mecanismos de solución de controversias entre inversionistas y Estados, que permitirían a los extranjeros demandar al gobierno cuando consideren que alguna regulación afectará sus ganancias. El arbitraje sería privado y vinculante, incluso si el fallo fuera contrario a las leyes nacionales. Y la empresa podría ser compensada, no solo por sus inversiones ya realizadas, sino por la pérdida de sus beneficios “esperados”, aun si sus ganancias se generan por la venta de productos que matan personas y aunque no haya habido discriminación alguna en la regulación nacional.
Estas no son amenazas hipotéticas: ya existen acuerdos de inversión similares y han dado lugar a este tipo de demandas. De hecho, el Perú enfrenta actualmente una demanda por US$ 800 millones de la empresa estadounidense Renco para determinar si Renco puede continuar operando una fundición de metales en La Oroya –que está considerada entre los 10 lugares más contaminados del mundo– y que también busca eludir el pago de compensaciones para las víctimas y para la rehabilitación del sitio.
En otro caso, Australia (al igual que Uruguay, que no es socio del TPP) enfrenta una demanda de las productoras de cigarrillos sobre las etiquetas de advertencia de salud pública en las cajetillas de cigarrillos con el objetivo de frenar el consumo de tabaco. Canadá, bajo amenaza de demanda, se retractó y ya no puso en marcha normas regulatorias similares. Y México se vio obligado a pagar US$ 15 millones después de que los árbitros encontraron equivocada una decisión gubernamental de cerrar un vertedero de residuos tóxicos no permitido que filtraba en las aguas subterráneas.
Éstos son solo algunos de los cientos de casos más graves que los inversores multinacionales han iniciado contra regulaciones de interés público. Los árbitros se pronuncian, con mayor frecuencia de lo que podría pensarse, a favor de los inversores o los gobiernos nacionales optan por llegar a un acuerdo para evitar las presiones legales.
El mecanismo de solución de controversias entre inversionistas y Estado es exactamente lo opuesto del significado previo de los derechos y obligaciones entre ellos. En el marco del TPP, los gobiernos tendrían efectivamente que pagar a los inversores extranjeros por no contaminar y no perjudicar a la población, en lugar de tener la libertad de regular a las empresas para asegurarse de que no perjudiquen a otros. Los mecanismos de solución de controversias existentes ya son bastante malos. Su expansión radical en virtud del TPP sería desastrosa.
Esto es particularmente importante en el caso del Perú, donde hay una larga historia de abusos contra el medio ambiente y los trabajadores por parte de las empresas. En virtud del TPP, el país podría ser demandado por cualquier cambio en las normas legales para proteger a los trabajadores y el medio ambiente, sin importar cuán razonables o discriminatorias sean, siempre y cuando esto afecte las ganancias de las empresas. Y dificultaría aún más la lucha para mejorar las condiciones laborales y el nivel de vida de los trabajadores, y frenar la explotación insostenible de los activos ambientales del país.
Sin duda, una mayor integración comercial y de inversión con el mundo promete mucho para el Perú, pero el TPP no es el camino para lograrla. No hay evidencia de que este tipo de protección de los inversionistas y los derechos de propiedad aumentarán la inversión extranjera o traerán más innovación para la economía peruana. Lo que hará será asegurarse de que una mayor parte de los salarios de los trabajadores peruanos terminen en los bolsillos de las corporaciones globales y que el Perú ya no tendrá la potestad de volver a establecer las reglas de manera que sirvan mejor a sus ciudadanos, protegiendo su salud y seguridad, el ambiente y los ricos recursos naturales del país, e incluso aseguren la estabilidad de su economía.
Si el presidente Humala quiere hacer lo correcto para el pueblo peruano dará instrucciones a la ministra Silva para que en Attlanta exija que no se retroceda en los términos obtenidos con tanto esfuerzo en el acuerdo entre el Perú y EEUU, se asegure que sus ciudadanos seguirán teniendo acceso a los medicamentos genéricos a precios asequibles, y rechace un TPP que deje el futuro económico del país en manos de los inversionistas de las multinacionales.
Septiembre 29, 2015.
* Premio Nobel de Economía 2001, profesor en la Universidad de Columbia y economista jefe en el Instituto Roosevelt.
** Economista senior en el Instituto Roosevelt y Académico invitado en la Iniciativa para el Diálogo Político de la Universidad de Columbia.
