Después de la elección de 2016, muchos han planteado, con distintos tonos de urgencia, que estas elecciones de mitad de mandato (mid-term) son las “elecciones más importantes de la historia estadounidense”.Medios progresistas como Mother Jones y The Nation la catalogaron como “la elección más importante de esta generación”. El efímero vocero de la Casa Blanca, Joe Scarborough, coincidió con esa apreciación. El ex vicepresidente Joe Biden no solo habló de “la elección más importante en la que cualquiera de nosotros haya participado hasta ahora” (incluida la que lo llevó a él a la Casa Blanca), sino que afirmó que se juegan “el todo por el todo”. Hasta Barack Obama y Hillary Clinton han referido a este ciclo electoral como “el más importante de nuestra vida”.Realmente, no lo es. Mucho menos considerando que es el primer ciclo electoral desde las elecciones de 2016. Y que si hubo una elección importante (aunque no la más importante) fue, justamente, la de 2016. Por supuesto que luego de la de 2008, en la que podía asumir el primer presidente negro de la historia estadounidense. O la de 2002, en el marco de la guerra contra el terrorismo.

A contramano de todas estas declaraciones, Estados Unidos atraviesa, en ciertos aspectos, un período de relativa “calma”. El Gobierno cuenta con mayoría en ambas cámaras, lo que le permitió una gran victoria: la aprobación de la reforma fiscal más regresiva en un cuarto de siglo. La economía sigue su curso de crecimiento, acompañado del descenso en los niveles de desempleo (ambas tendencias iniciadas durante la gestión Obama). La Casa Blanca no ha impulsado nuevos conflictos bélicos en ninguna parte del globo – al menos en forma directa-, sino que ha continuado con las incursiones implementadas en años anteriores. Lo que no puede olvidarse es que ha logrado llevar a la mesa de negociaciones a Corea del Norte, algo que no se lograba desde la década de 1950.Claro que también nos encontramos también con aspectos en los que las aguas corren turbulentas. La guerra comercial con China y con Canadá está afectando negativamente a varios sectores de la economía estadounidense. El ciudadano medio es cada vez más consciente de que la reforma impositiva fue diseñada únicamente para permitir mayor acumulación para el capital más concentrado. Y que los brutales recortes en programas sociales, salud y educación fueron a financiar un multiplicado presupuesto militar. Además del exponencial aumento de las manifestaciones de violencia social y actos de terrorismo doméstico, producto del más puro racismo y xenofobia.

Si nos guiamos por los índices de “votación anticipada” (early voting), una opción que manejan unos 37 estados y que permite que aquellos habilitados para ejercer su derecho electoral lo hagan antes de la fecha de las elecciones, ésta tampoco parece ser la “elección más importante”. Si bien ya se han emitido unos 20 millones de votos anticipados (la mayoría de los cuales han ido para candidatos del partido republicano), para esta misma época en 2016 ya habían votado unas 47 millones de personas (1/3 de los votos totales emitidos en esa elección presidencial) (Stewart, 2018). Y si lo trasladamos a índices poblaciones, en el caso estadounidense, 20 millones de votos equivalen a solo un 6% de la población.  Ahora bien, ¿Qué es lo que está en juego? En pocas palabras, la mayoría en la cámara de Representantes y, sobre todo, en el Senado, lo que influenciará la eficacia de la agenda legislativa del Gobierno por los próximos dos años.Por un lado, hay 33 escaños clave en disputa en el Senado. Veintitrés de ellos están actualmente en poder de los demócratas, ocho ocupados por senadores republicanos (tres de los cuales anunciaron su retiro), y dos son independientes. Los senadores que continúan son 43 republicanos y 24 demócratas. Este escenario pone en clara desventaja a estos últimos, en un Senado en el que ya son la minoría. Por otro, se renovarán 435 escaños en la Cámara de Representantes, en donde los demócratas parecen contar con más chances (aunque no absolutas) de obtener la mayoría. Esto responde a que las elecciones para ocupar cargos en el Congreso estadounidense no son “por listas partidarias”, sino que cada candidato debe encarar su propia campaña para ganar en circunscripciones y distritos que cuentan con sus propias particularidades, que tienen identidades demográficas específicas que influyen en el resultado de la elección, y en las que, además, hay distintos intereses en juego.

En 2016, los Republicanos recuperaron no sólo el poder ejecutivo sino la mayoría en ambas cámaras, lo que derivó en resultados dispares en distintos temas que volverán a ser puestos sobre la mesa. El Gobierno pretende renovar su avanzada contra la Ley de Salud Asequible (Affordable Care Act, también conocida como Obamacare), discutir tres leyes que atentarán contra el derecho al aborto (la Pain-Capable Unborn Child Protection Act, la Born-Alive Abortion Survivors Protection Act y la Sanctity of Life Act of 2017), y llevar al recinto la reforma inmigratoria, tema que está ocupando absolutamente todos los titulares tanto por “cuestiones de seguridad interna (léase crimen y terrorismo) relacionadas con la inmigración ilegal”, como por la caravana migratoria que marcha desde centroamérica con destino a la frontera que separa a México de los Estados Unidos.

Ahora bien, ¿cuál puede ser el resultado? En principio, no parecería que el equilibrio de poder vaya a modificarse demasiado.

Los republicanos han conformado un bloque más estable y organizado que los demócratas para enfrentar esta elección. A pesar de las denuncias tanto de la interferencia rusa (nunca quedando muy claro, ni en esta ni en la elección pasada, a quien los rusos pretenderían beneficiar y a quien perjudicar) como de la interferencia china, los esfuerzos más exitosos por manipular las elecciones han sido de los republicanos. Sus cuantiosas estrategias de supresión del derecho al voto se vienen aplicando hace años, y han sido acompañadas de la inacción de los demócratas. Sólo en los últimos dos años, 14 millones de personas en condiciones de votar (principalmente estudiantes, grupos étnicos, habitantes de barrios de bajos recursos y jubilados) han sido inhabilitadas para hacerlo (Palast, 2018). Por citar sólo un ejemplo, en 2016 Carolina del Norte cerró 158 centros de votación no casualmente en condados dónde la mayoría de los votantes eran afro-estadounidenses, lo que llevó a una disminución del 16% en la participación electoral de este colectivo en ese estado (Hartman, 2018).

En este sentido, una de las notas de color más importante tendrá lugar en el estado que en 2000 fue protagonista del mayor escándalo de fraude en una elección presidencial: Florida. Por aquel entonces, la Florida se convirtió en el escenario de la disputa presidencial entre Al Gore y George W. Bush. Bush ganó la elección con 271 votos del colegio electoral, contra 266 de Gore. En ese entonces se desató la controversia sobre quien había ganado los 25 votos electorales de Florida (y, por tanto, la Presidencia). El proceso de recuento de votos en el estado cuyo gobernador era nada más y nada menos que Jeb Bush fue corroboradamente fraudulento, a lo que se sumó que Gore había recibido 543.895 votos populares más que el electo presidente.

En 2018, Florida es nuevamente protagonista. El estado tiene leyes que impiden votar a personas que han estado en prisión y un referéndum podría restaurar derechos electorales a 1.5 millones de personas. Eso significa que 1 de cada 10 personas (10%) y 1 de cada 5 afro-estadounidenses no pueden votar en el swing state más importante del país. El tema es que las leyes que convierten a ciertos ciudadanos en “delincuentes” son múltiples (se calcula que son más de 500, que van desde delitos graves hasta infracciones menores como conducir sin registro, “invadir un terreno en construcción” o “perturbar una trampa para langostas”), y han convertido a Florida en el estado que más ciudadanos ha privado de sus derechos electorales. Incluso más que tradicionales estados supresionistas como Alabama, Georgia, Louisiana, Mississippi, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Tennessee combinados (Newborn, 2017). La Enmienda 4 de la Voting Restoration Amendment, como aparecerá en la boleta electoral, debe ser aprobada por el más del 60% de los votos.

Por su parte, el Partido Demócrata atraviesa una profunda crisis y fragmentación interna que no le ha permitido capitalizar el clima político de los últimos dos años. Tres, si incluimos el controvertido año de campaña electoral de 2016.

Si los demócratas ganan escaños en noviembre no será necesariamente por los esfuerzos del partido. Será gracias al activismo de base de candidatos “un poco más progresistas” que – a falta de otras opciones en un sistema que propicia las alianzas bipartidistas – se insertan en las filas de un partido que ha perdido su identidad, y que en la mayoría de las cuestiones políticas de importancia es difícil distinguirlo del ala moderada del partido Republicano. El principal problema del partido demócrata es que finalmente dejó de ser percibido como algo que realmente tampoco es: el partido de las minorías étnicas y defensor de los derechos de la clase trabajadora, el partido de los derechos civiles y sociales, el opositor a la codicia de Wall Street, protector del medio ambiente y que alojaba en su interior a los ya de por sí pocos políticos anti-belicistas.

Es significativo también como en estos casi dos años de mandato, y a pesar de incontables controversias mediáticas y diplomáticas, y escándalos políticos y personales, los índices de aprobación de la gestión del presidente Donald Trump se han mantenido estables, cuando no han ido en ascenso. Trump asumió la presidencia con un muy bajo índice que rondaba entre el 35 y el 38 %, según diferentes consultoras. Hoy, si tomamos los índices de Gallup, se encuentra en el 40%, habiendo alcanzado picos de 45%. (Gallup, 2018)

¿Cómo podemos leer esto? Recientemente, el historiador Paul Street ha observado que la cuestión aquí es que “la personalidad maliciosa y las políticas de Trump son sombríamente consistentes con las tendencias supremacistas, racistas, ultra reaccionarias que caracterizan al Partido Republicano desde hace (al menos) cinco décadas. Era solo cuestión de tiempo que una figura como Trump surgiera: un candidato republicano que real y abiertamente abrace el racismo” (Street, 2018), y que al mismo tiempo, sea abiertamente abrazado por sectores de la sociedad con peso político e influencia electoral.

En esta línea, podríamos sugerir que lo que se juega en estas elecciones no es tanto la mayoría en el Congreso, sino el respaldo con el que cuenta el gobierno y la oposición de turno. Será una elección que permitirá medir el clima político de cara a las presidenciales de 2020. Una oportunidad de tantear las aguas de cara a un ciclo electoral que ya comienza, con el inicio de las primarias 2019, y que revelará las tendencias de una sociedad que, como ya se viene vislumbrando, está cada vez más orientada hacia la (extrema) derecha.

La (in)trascendencia de las elecciones de mitad de mandato en EEUU

Valeria Carbone

Resumen del Sur   4 de noviembre de 2018