La Corte Suprema de Justicia decidió de forma unánime que todos los estados deben cumplir con la regla de “una persona, un voto”, y no solo contar a los votantes elegibles para determinar los distritos electorales.

La decisión es un duro revés para los conservadores que pretendían rebalancear el poder político y favorecer a las áreas rurales más proclives al Partido Republicano, quitando poder político a las áreas urbanas usualmente dominadas por el Partido Demócrata.

Es además un triunfo para la creciente población hispana de Estados Unidos, que es más numerosa en las áreas urbanas.

La demanda interpuesta contra el estado de Texas, cuestionaban que ese estado no cumplía con la decisión de la Corte Suprema de 1964 de que los distritos políticos deben ser más o menos iguales en población al momento de elegir a sus representantes.

El tema era, sin embargo, cuál era la población a considerar: todos o solo los votantes elegibles.

En Texas y en otros estados con grandes poblaciones de inmigrantes, los distritos urbanos incluyen mucha más gente que los votantes habilitados, porque hay otros muchos que o son demasiado jóvenes, no son ciudadanos o por alguna razón están inhabilitados para votar.

La magistrada Ruth Bader Ginsburg dijo en su opinión escrita que “las jurisdicciones… pueden diseñar distritos legislativos y estatal con poblaciones totales iguales; no están obligadas a equiparar las poblaciones de votantes”.

Aunque la decisión fue unánime, dos jueces conservadores —Clarence Thomas y Samuel Alito— no acuerparon la opinión de Ginsburg.