Casi seis millones de estadounidenses, uno de cada 40 adultos, han perdido su derecho a votar al ser condenados a prisión. Estados Unidos, el país que lidera los índices de población encarcelada en el mundo, también es una de las pocas democracias que priva del derecho a votar a sus ciudadanos cuando entran en la cárcel. La práctica, denunciada por numerosas instituciones y condenada por el derecho internacional por sus consecuencias dispares en la comunidad afroamericana, puede tener especial impacto en los comicios para elegir el próximo presidente norteamericano.

En 2000, la presidencia de George W. Bush se decidió por una diferencia de 543.000 votos. La diferencia entre Bush y su rival, Al Gore, en el Estado de Florida fue de 537 papeletas. Ese mismo año, 600.000 ciudadanos del estado tenían prohibido votar por haber estado en prisión. Su participación podría haber cambiado el resultado. Florida, clave en cualquier ciclo electoral, priva de votar a 1,6 millones de personas con las leyes de privación de voto más estrictas del país.

“No se puede explicar esta historia sin el factor de la disparidad racial”, explica Tomás López, asesor legal del Brennan Center for Justice de Nueva York. La organización asegura que el 13% de los afroamericanos han perdido el derecho a voto en algún momento de sus vidas, una situación que les afecta siete veces más que los blancos. En Florida, el 23% de los negros de Florida con edad para votar tengan prohibido hacerlo por haber sido reclusos. López explica que estas leyes nacieron principalmente después de la Guerra Civil y durante la era de Jim Crow “con la intención expresa de bloquear a los votantes afroamericanos”.

Las cifras están relacionadas con el encarcelamiento desproporcionado de ciudadanos de minorías raciales – el 80% y el 90% de los condenados a penas de cárcel en Estados Unidos, según Human Rights Watch. La proporción de afroamericanos privados de algún derecho es ahora superior a la de 1870, cuando se aprobaron las leyes que les prohibía votar en base a su raza, según un informe del MIT sobre Raza, Encarcelamiento y Valores Americanos.

“Las leyes de privación de voto son más efectivas ahora que durante Jim Crow”, denuncia Michelle Alexander en El Nuevo Jim Crow. “Cuando una persona se declara culpable probablemente nadie le va a informar de que también perderá su derecho a voto y a participar en un jurado popular, dos de los derechos más fundamentales en cualquier democracia”.

El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha acusado a Estados Unidos de violar la normativa internacional porque 48 de los 50 estados prohíben votar a los presos mientras cumplen condena. Algunos también extienden el veto durante la libertad condicional. Y una docena declara ilegal el voto incluso después de cumplir la condena completa. Las diferentes leyes han retirado el derecho a 5,8 millones de estadounidenses que no pudieron participar en las últimas elecciones de 2012.

López denuncia que uno de los mayores obstáculos hacia la restauración de este derecho es el “enredo” de leyes distintas según los estados. Florida obliga a esperar 16 años hasta poder solicitar la restauración del derecho a voto, mientras que en Maine y Vermont no pierden ese derecho ni siquiera mientras están en prisión. EnIowa y Kentucky, la privación es permanente a menos que el gobernador conceda un perdón individual a petición del excondenado. La población que no puede votar en Kentucky es igual que la de la tercera ciudad más grande del Estado. En Florida, el 10% de los ciudadanos en edad de votar tienen prohibido hacerlo, cerca de millón y medio de personas. “Es demasiado”, dice López. “Son personas que viven y trabajan en sus comunidades pero tienen prohibido participar plenamente en democracia”.

A pesar de las consecuencias de estas leyes, Mark Listes, director de Revive My Vote, una organización que ayuda a los ciudadanos de Virginia a recuperar su derecho a voto, asegura que los principales afectados ni siquiera saben que existen.

Listes explica que hay dos obstáculos importantes, la falta de información y la complejidad de un proceso burocrático que además exige el acceso a un ordenador, algo fuera del alcance para muchos exreclusos. En el caso de Virginia, son 450.000 personas, el 6,5% de la población en edad de votar. “Queremos que se entere todo el mundo”, afirma.

Laurin Hodge, directora de Mission: Launch, es otra de las activistas que trabajan para ayudar en la reinserción de exreclusos, inspirada por la experiencia de su madre tras pasar casi 6 años en prisión por un delito de fraude. Ella añade un obstáculo más a la concienciación: “La mayoría de las personas están centradas en atender sus necesidades más inmediatas, recuperar el derecho a voto es algo en lo que solo piensan mucho más tarde”, dice Hodge.