A pesar de que Estados Unidos reconoció el derecho al aborto en 1973, su puesta en práctica depende de la legislación vigente en cada uno de los Estados de la nación. Los gobiernos estatales pueden establecer desde los plazos gestacionales en los que una mujer puede abortar hasta los requisitos que deben cumplir las clínicas y los médicos que practican abortos. Gracias a estas competencias, numerosas organizaciones alertan de que los Estados más conservadores libran una nueva «guerra cultural» contra los derechos reproductivos de las mujeres.
En total, 43 de los 50 Estados han puesto algún tipo de límite al derecho al aborto, según datos de Guttmacher Institute. Las restricciones dibujan un mapa muy distinto según el lugar de residencia de la madre y con condiciones que han cambiado varias veces en los últimos cinco años. Las nuevas restricciones son además objeto del primer caso relacionado con el derecho al aborto que llega al Supremo en casi una década y cuya sentencia se conocerá en la próxima primavera, en plena campaña electoral por la presidencia.
Como se observa en el primer mapa, Texas aprobó en 2013 que las clínicas donde se practican abortos deben cumplir condiciones propias de un hospital, así como que los doctores tengan permisos equivalentes a los de centros más sofisticados. Utah y Tennesee tienen una ley similar. Según los demandantes del caso contra Texas que estudiará el Supremo, estas condiciones han provocado el cierre de 23 de las 41 clínicas disponibles en el Estado.
Texas es ejemplo además de las diferentes limitaciones aprobadas por los Estados: prohíbe abortar a partir de las 20 semanas de gestación (mapa 2), obliga a la madre a esperar 24 horas desde que se aprueba el procedimiento de interrupción del embarazo y a ser sometida a una prueba de ultrasonido, exige autorización de los padres en el caso de menores de 18 años y prohíbe el uso de fondos públicos salvo en casos de violación, incesto o si peligra la vida de la madre.
En el otro lado de esta tendencia está California. El Estado no ha regulado nuevas restricciones en los últimos años pero cuenta con una de las leyes más estrictas, ya que como otros 18 gobiernos estatales prohíbe abortar siempre que el feto sea viable.
Las leyes más restrictivas y específicas coinciden en que han sido aprobadas además en los últimos cinco años. Según datos del Centro para los Derechos Reproductivos, 38 Estados han impuesto límites al aborto después de la victoria republicana en las legislativas de 2010, con más de 200 normativas distintas. Un total de 43 limitan además los plazos y condiciones en los que se puede abortar y 45 de ellos permiten a las compañías de seguros médicos negarse a cubrir sus costes.
Una de las nuevas limitaciones aprobadas recientemente es la exigencia de practicar una ecografía ultrasonido a la madre cuando solicita abortar. Texas, Florida y Virginia son tres de los 12 Estados que lo exigen. Más de una treintena de Estados (mapa 3) exigen también esperar entre 18 y 72 horas para abortar desde el momento en que se aprueba el procedimiento. Diversas organizaciones han denunciado estos plazos como un obstáculo para mujeres que no pueden costearse ni el desplazamiento hasta una clínica ni el alojamiento de varios días.
Los Estados mayoritariamente conservadores que han impulsado estas leyes en los últimos cinco años argumentan que buscan proteger los derechos del feto a la vez que garantizan la salud de la madre. Sin embargo, los demandantes contra Texas denuncian que las leyes “están aprobadas bajo la promesa de la salud de las pacientes pero en realidad acaban poniendo en peligro a las mujeres”. Si el Supremo da la razón a los demandantes, el año que viene puede anular algunas de las restricciones porque crean tantos obstáculos que el derecho a abortar es prácticamente irrelevante.
Cristina F.Pereda
El País 20 de noviembre de 2015
