La radiación del plutonio probablemente comenzó a afectarle el cuerpo de inmediato. Posteriormente tuvo cáncer de pecho y, como resultado de su trabajo de inspector en la planta, padeció de una enfermedad respiratoria debilitante a causa del berilio.
“Yo sabía que estábamos en medio de un problema muy grande”, dijo Vaigneur, que ahora tiene 84 años y le extirparon el pecho izquierdo y tiene que usar un tanque de oxígeno constantemente; hay muchos días que no puede caminar más de 100 pies. Vaigneur dice que está listo para morir y ha decidido donar su cuerpo a la ciencia, con la esperanza de ayudar a otras personas expuestas a la radiación.
Vaigneur es uno de 107,374 estadounidenses a quienes les han diagnosticado cáncer y otras enfermedades tras participar en la construcción del arsenal nuclear del país durante las últimas siete décadas. Como compensación, el gobierno federal le pagó $350,000 en el 2009.
El dinero salió de un fondo especial creado en el 2001 para compensar a los que enfermaron durante la construcción del arsenal nuclear estadounidense. El programa se consideró una forma de compensar a los que ayudaron en la guerra contra Japón y perseveraron en la Guerra Fría tras el fin de la Segunda Guerra Mundial.
La mayoría de los estadounidenses considera que la labor de esas personas fue heroica y patriótica. Pero el gobierno federal nunca ha revelado completamente el costo humano.
Ahora, en momentos que el país ha comenzado un ambicioso proyecto para modernizar sus armas nucleares, los trabajadores del sector temen que el gobierno y sus contratistas no han aprendido las lecciones del pasado.
Durante los últimos 12 meses, periodistas de McClatchy realizaron más de 100 entrevistas en todo el país y analizaron más de 70 millones de registros en una base de datos federal obtenida a través de la Ley de Libertad de Información.
Entre las conclusiones:
▪ McClatchy puede reportar por primera vez que el extraordinario esfuerzo por ganar la Guerra Fría ha dejado un legado de muerte en Estados Unidos: por lo menos 33,480 antiguos empleados del sector nuclear que recibieron compensación han fallecido. El índice de muertes es cuatro veces mayor que el de las bajas estadounidenses en las guerras de Afganistán e Irak.
▪ Los funcionarios federales subestimaron en gran medida cómo el material nuclear afectaría a la fuerza laboral de ese sector. Inicialmente, el gobierno pronosticó que el programa de compensación beneficiaría a sólo 3,000 personas a un costo anual de $120 millones. Catorce años después, los contribuyentes han gastado siete veces esa cantidad, $12,000 millones, en pagos compensatorio y médicos a más de 53,000 trabajadores.
▪ Incluso con el fuerte aumento de los costos, menos de la mitad de los que han solicitado compensación monetaria la han recibido. Los trabajadores se quejan de que muchas veces los dejan en un vacío burocrático, sin saber a quién le van a pagar, y quedan frustrados por el largo tiempo de espera y una gran cantidad de documentos a presentar.
▪ A pesar de la prevalencia del cáncer y otras enfermedades entre los trabajadores nucleares, el gobierno quiere ahorrar dinero reduciendo los beneficios médicos, de retiro y licencia por enfermedad de los que siguen trabajando en el sector.
▪ Las normas de seguridad más estrictas no han detenido completamente los accidentes ni la exposición diaria a la radiación. Más de 186,000 han quedado expuestos a la radiación desde el 2001, lo que asegura una nueva generación de reclamantes. Y hasta la fecha, el gobierno ha pagado $11 millones a 118 empleados que empezaron a trabajar en instalaciones de armas nucleares después del 2001.
Muertes silenciosas
Sin duda alguna, la ley de compensación a los empleados nucleares ha dejado un hito, con pagos promedio de compensación de $119,102 a 49,934 ex trabajadores en todo el país.
Pero aunque el Departamento del Trabajo, que administra el programa de compensación, emite regularmente informes sobre cuánto gasta y a cuántas personas beneficia, no da información sobre la cantidad de fallecidos en el sector.
Y eso es así a propósito.
Amanda McClure, portavoz del Departamento del Trabajo, dijo que la labor de la agencia es determinar la elegibilidad, adjudicar reclamaciones e informar sobre “lo más relevante para esa función”.
“No reportamos la cifra de fallecimientos porque no es parte del programa”, dijo.
Para determinar esa cifra, McClatchy contó a todos los trabajadores fallecidos en la base de datos del gobierno que cumplieron los requisitos para recibir compensación por enfermedades relacionadas con su trabajo en 325 instalaciones nucleares, tanto en funcionamiento como clausuradas.
De esas 33,480 muertes, el gobierno ha reconocido específicamente que la exposición a la radiación y otras toxinas en el trabajo probablemente causaron o contribuyeron a la muerte de 15,809 trabajadores. Esta cifra ciertamente subestima el total de fallecimientos entre los más de 600,000 empleados que trabajaron el programa de armas nucleares en su momento de mayor intensidad.
Bill Richardson, el ex gobernador de Nuevo México que fue secretario de Energía durante la presidencia de Bill Clinton, dijo que la nación tiene la obligación de asistir a los que ayudaron a ganar la Guerra Fría. Agregó que el gobierno federal ha mostrado una “falta de conciencia” en rechazo de muchas décadas a compensar a los trabajadores lesionados con reclamaciones legítimas al gobierno.
El Congreso aprobó el programa de compensación en el año 2000 después que el Departamento de Energía presentó estudios que mostraban que trabajadores en 13 instalaciones tenían un mayor riesgo de fallecer de diferentes tipos de cáncer y enfermedades no malignas.
Pero Richardson dijo que el manejo indebido de los registros en las instalaciones de armas nucleares dificultaba pronosticar la envergadura final del programa.
Richardson señaló que el aumento significativo del programa es una buena señal, agregando que nadie se está enriqueciendo porque los pagos individuales tienen un límite de $400,000.
“Yo no conocía esas cifras… ¿Eso es mucho? Está bien, porque eso ayuda a la gente”, dijo Richardson.
La envergadura del programa ha provocado un caldeado debate, en el que los críticos dicen que el gobierno ha sido en exceso generoso al entregar beneficios a empleados cuyo cáncer no puede vincularse de manera concluyente con el trabajo que realizaban.
“Como resultado, se han pagado más de $12,000 millones a personas que opinan que se han lesionado en el trabajo que realizaban”, dijo Wanda Munn, ingeniera nuclear retirada quien trabajaba en Hanford, en el estado de Washington, y es miembro de la Junta Asesora sobre Radiación y Salud Laboral, un panel nombrado por el Presidente que estudia las reclamaciones de compensación.
Munn dijo que la industria tiene un buen historial de seguridad y que no hay pruebas de “exceso de cáncer” entre los antiguos empleados.
ichardson dijo que decir eso es cruel para con los empleados, muchos de los que han tenido que batallar muy duro para recibir la compensación.
Pero Steve Wing, profesor adjunto de Epidemiología en la Facultad Gillings de Salud Pública de la Universidad de Carolina del Norte, dijo que las investigaciones han establecido una relación entre la exposición de los trabajadores a la radiación y el cáncer.
Un estudio dirigido por Wing entre los trabajadores del Laboratorio Nacional de Oak Ridge concluyó, por ejemplo, que había una relación entre la lectura de radiación de los empleados y las muertes posteriores por cáncer. E incluso con el rápido aumento del programa, a más de la mitad de los 107,374 empleados que han solicitado asistencia desde el 2001 –el 51.1 por ciento– se la han rechazado, indica la investigación de McClatchy.
La aprobación de una reclamación demora un promedio de 21.6 meses, mientras que 20,496 trabajadores pasaron cinco años o más lidiando con la bucracia.
Reducción a la cobertura médica de los trabajadores
El gobierno federal ha comenzado a invertir fuerte en su arsenal nuclear, un esfuerzo ambicioso cuyo costo se estima que superará $1 billón en los próximos tres decenios.
Esta año solamente, el presidente presupuestó $1,300 millones para modernizar armas nucleares, un aumento de 21 por ciento sobre el año fiscal 2015.
Los planes incluyen la costosa modernización de bombas de gravedad construidas en los años 1960, para dotarlas de estabilizadores aerodinámicos de precisión, y misiles de crucero lanzados desde aviones.
Pero incluso en momentos que el gobierno federal aumenta el gasto en modernizar armas nucleares viejas, busca la manera de reducir cosos. Y resulta que buena parte de esos ahorros pueden salir de los beneficios médicos y de retiro de los trabajadores nucleares, así como de retiros voluntarios.
En la planta Pantex cerca de Amarillo, Texas, donde los trabajadores tienen la peligrosa tarea de ensamblar y desarmar ojivas nucleares, una propuesta para reducir la cobertura médica, medicamentos por receta, licencia por enfermedad y beneficios de pensión provocó que más de 1,100 empleados sindicalizados se declararan en huelga en agosto.
El asunto era el cumplimiento de una norma poco conocida del Departamento de Energía denominada Orden 350.1. Esta obliga a los contratistas del Departamento de Energía a investigar periódicamente cuánto pagan empresas comparables por los beneficios de sus empleados y a fijar los costos en el equivalente al 105 por ciento del promedio.
En Pantex, los huelguistas dijeron que entendían la necesidad de que el gobierno federal gastara con cuidado el dinero de los contribuyentes, pero se sintieron traicionados por el Departamento de Energía al hacer cumplir la Orden 350.1, a pesar del historial de enfermedades por razones laborales en Pantex y otras instalaciones nucleares.
La huelga duró más de un mes. Al final, un portavoz el Departamento de Energía declaró a McClatchy que el secretario de esa cartera, Ernest Moniz, había nombrado un grupo especial para revisar la Orden 350.1. El proceso, dijo el portavoz Bartlett Jackson, “revisará las normas que el Departamento de Energía usa para estimular a sus contratistas a atraer y retener a los mejores empleados, a la vez que presenta costos justos y razonables a los contribuyentes”.
Siguen los accidentes
Durante los primeros días del Proyecto Manhattan, que creó la bomba atómica, y posteriormente en la frenética carrera armamentista de la Guerra Fría, las autoridades con frecuencia decían que las lesiones y los casos de exposición a la radioactividad de los empleados nucleares eran sacrificios necesarios por la seguridad nacional.
Ahora las normas de seguridad son mucho más estrictas, pero sigue habiendo accidentes.
Los investigadores federales identifican hoy en día que los errores ocurrieron cuando los contratistas apresuraron el trabajo o tomaron medidas indebidas para economizar, no para poner fin a la guerra o ganarles a los rusos, sino para ahorrar dinero o ganarse bonificaciones.
El Departamento de Energía depende más de contratistas que cualquier otra agencia federal civil. El 90 por ciento del presupuesto del Departamento de Energía se gasta en contratos y proyectos de capital de gran envergadura, según la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno (GAO), que ha criticado repetidas veces al Departamento de Energía por la mala administración de sus contratos.
El Departamento de Energía dice que su historial de seguridad laboral es muy bueno, y que la dosis de radiación promedio entre los empleados con niveles medibles de radiación es 10 veces menor que el promedio que recibe una persona común y corriente a partir de la radiación en el entorno y los estudios de diagnóstico médico.
Pero los trabajadores que están expuestos hoy a la radiación no siempre confían en el gobierno o los contratistas para medir esa exposición con exactitud.
Una revisión de casos de conducta indebida entre los contratistas revela que de vez en cuando hay falsificaciones de registros de radiación, más recientemente en la Planta de Difusión Gaseosa de Portsmouth, Ohio, en abril del 2013.
Estos incidentes refuerzan los temores de los trabajadores que han quedado expuestos a radiación en las investigaciones nucleares, producción de armas y operaciones de limpieza en la actualidad: que las muestras inadecuadas y el secreto que rodea los accidentes en el sector pudieran dejarlos sin las pruebas que necesitan para cumplir las reglas de compensación, en caso que caigan enfermos un día.
“¿Qué sucederá dentro de 15 años cuando tenga cáncer de los huesos u otra cosa?”, dijo Ralph Stanton, operador de instalaciones nucleares quien opina que la dosis de radiación que recibió en un accidente en el 2011 en el Laboratorio Nacional de Idaho fue falsificada. “No me dan ninguna ayuda. No me pagan compensación por accidente de trabajo. No me dan nada”.
La organización de medios de comunicación sin fines de lucro The Investigative Fund of The Nation Institute, con sede en Nueva York, ayudó a financiar este proyecto. Otros colaboradores fueon: Yamil Berard, del Fort Worth Star-Telegram; Mike Fitzgerald, del Belleville News-Democrat; Rocky Barker, del Idaho Statesman; Sammy Fretwell, del The State of Columbia, Carolina del Sur; Scott Canon, del Kansas City Star, y Annette Cary, del Tri-City Herald.
Rob Hotakainen, Lindsay Wise, Frank Matt y Samantha Ehlinger
McClatchy
El Nuevo Herald 13 de diciembre de 2015
