Estados Unidos pidió el lunes a Perú verificar si embarques de madera enviados el año pasado desde El Callao a diferentes puertos estadounidenses cumplieron con la normativa para combatir la tala ilegal, informaron autoridades estadounidenses.
El Representante comercial de Estados Unidos (USTR), Robert Lighthizer, hizo esta solicitud en virtud del tratado de promoción del intercambio entre ambos países, que incluye un requisito para que Perú lleve a cabo auditorías y verificaciones de productores y exportadores de madera, en particular a pedido de Estados Unidos.
En una carta al ministro de Comercio Exterior de Perú, Eduardo Ferreyros, Lighthizer requirió un informe por escrito y documentación adjunta sobre tres cargas de madera peruana enviadas en 2017.
El primer embarque, de Miremi SAC, arribó a Nueva York en abril; el segundo, de Inversiones WCA, llegó a San Juan, Puerto Rico, en mayo; y el tercero, de Maderera Bozovich SAC, arribó a Long Beach, California, en junio, según la oficina del USTR.
«El estricto control y aplicación de nuestros acuerdos comerciales es una prioridad para la administración Trump», dijo Lighthizer, citado en un comunicado.
«Nos comprometemos a utilizar todas las herramientas disponibles para garantizar que la madera ilegal procedente de Perú no ingrese a Estados Unidos a expensas de los productores y trabajadores madereros estadounidenses», agregó.
El Acuerdo de Promoción Comercial entre Estados Unidos y Perú (PTPA), vigente desde 2009, prevé esta verificación para garantizar la «aplicación rigurosa» de las leyes forestales peruanas en toda la cadena de suministro.
«Madera robada»
La ONG de lucha contra la deforestación y la tala ilegal Environmental Investigation Agency (EIA), con sede en Washington, celebró que el gobierno de Donald Trump busque impedir la importación de «madera robada».
«Es esencial que los países que consumen madera hagan lo que puedan para garantizar que no se perpetúen ilegalidades, y en muchos casos violencia sistémica y corrupción, importando madera robada», dijo a AFP Lisa Handy, directora de campañas forestales en EIA.
«Esto es especialmente importante en un momento en que el gobierno peruano ha tomado medidas para reducir la transparencia en su sector maderero», agregó.
Según la EIA, en los últimos dos años en Perú se ha reducido «drásticamente» la calidad y cantidad de la información recabada en los puntos de exportación de madera.
Estados Unidos apeló a la disposición prevista en el PTPA por primera vez en 2016 con relación a un envío de la empresa peruana Inversiones Oroza.
La investigación reveló que «partes significativas» de este embarque no cumplían con las leyes, regulaciones y otras medidas de Perú con respecto a los productos de madera, indicó la oficina del USTR, que considera que persisten «desafíos sistémicos» para combatir la tala ilegal en Perú.
En octubre de 2017, en una decisión sin precedentes USTR bloqueó las importaciones de madera de Oroza por tres años o hasta que las autoridades determinen que Oroza cumple con todas las regulaciones.
En noviembre pasado, el sector maderero de Perú fue sacudido por el escándalo del barco Yacu Kallpa, cuando la ONG Global Witness reveló cómo grandes exportadores de madera de la Amazonia de Perú discutían sobre la carga de este buque, detenido en México en 2016 en ruta a Estados Unidos con más del 96% de la carga de procedencia ilegal.
El Nuevo Diario 26 de febrero de 2018
