Alejo Marchessini, corresponsal en Lima de la página web española defensa.com, del grupo Edefa, publicó el pasado 7 de julio una información de suma importancia para el gobierno que se inicia en diez días, que pondrá a prueba y permitirá medir exactamente la calidad y muñeca política de Pedro Pablo Kuczynski contra el narcotráfico.
La publicación especializada revela que, de acuerdo a información extraoficial a la que ha tenido acceso, el gobierno de Estados Unidos estaría “retrasando la entrega del sistema de cabina digital Cockpit 4000, incluida la computadora de ataque y la de los equipos de navegación táctica TACAN RT-1634(V), de fabricación norteamericana, destinados a los últimos 4 KT-1P ‘Torito’ que vienen siendo coproducidos en la Planta de Korean Aircraft Industries (KAI) y el Servicio de Mantenimiento de la FAP (SEMAN), ubicada en la Base Aérea de Las Palmas”.
La publicación añade que, “aparentemente, la medida –notificada por KAI a la Fuerza Aérea del Perú a principios de mayo– implica un bloqueo a la expedición de las respectivas licencias de exportación” de los aviones coreanos fabricados en el Perú a otros países del área, que estarían potencialmente interesados en su adquisición. Notas anteriores de la misma publicación dan cuenta de que entre los posibles interesados estarían Paraguay y Ecuador.
¿POR QUÉ EL BLOQUEO?
La decisión del actual gobierno de Barack Obama se debería a “su disconformidad con la Ley de Control, Vigilancia y Defensa del Espacio Aéreo Nacional (Ley 30339), aprobada el 29 de agosto de 2015, que permite a la Fuerza Aérea del Perú interceptar y derribar, de ser el caso, a las aeronaves dedicadas al Tráfico Ilícito de Drogas (TID)”.
“Específicamente –añade la publicación–, la disconformidad se refiere a la Fase V del Reglamento de la Ley 30339, que señala las medidas de neutralización”. La interceptación, como se sabe, se basa en un protocolo exhaustivamente detallado en el mismo texto legal, que sirve al propósito de evitar todo peligro de error en el proceso de la intervención.
El protocolo establece en detalle los distintos pasos correspondientes, así como los preavisos que las aeronaves deben recibir, incluyendo varios avisos visuales de orden de aterrizaje, antes de proceder a una advertencia adicional con disparos al aire.
La publicación añade que “un portavoz de la Embajada de Estados Unidos se limitó a señalar a defensa.com que, si bien el Perú es un país soberano y un aliado cercano y tiene el derecho de determinar sus propias leyes y políticas, la ley estadounidense prohíbe, no obstante, proporcionar asistencia, incluyendo licencias comerciales, inteligencia o apoyo a la interdicción letal aérea”.
Concluye señalando que “de no encontrarse una solución a este impasse, que ya está en manos del Ministerio de Defensa (Mindef), se generaría un serio retraso al Programa de Coproducción de los KT-1P. Actualmente, la Fuerza Aérea del Perú dispone de al menos 14 KT-1P ‘Torito’ que operan a las órdenes de la Escuela de Oficiales Pilotos (EFOPI) ubicada en la Base Aérea Capitán FAP Renán Elías Olivera, en Pisco”.
COMPRAS INTERCEPTADAS
Durante el gobierno de Ollanta Humala, el sector Defensa ha realizado adquisiciones de armamento, sobre todo aviones y helicópteros para reemplazar los que tienen más de 20 años.
Entre esas compras se encuentran los 20 aviones de producción peruano-coreana y también cuatro aviones italianos de transporte para la Fuerza Aérea. Igualmente, 24 helicópteros rusos para el Ejército y un satélite francés. Todo esto ha supuesto un aumento importante del gasto.
Según informaciones corroboradas por EXPRESO, con dos fuentes distintas a las de defensa.com, el gobierno de EE.UU. estaría no solo bloqueando la adquisición de los equipos para los KT-1P coreanos, sino también, a través de la OTAN, obstaculizando la compra de los aviones de transporte C127 (Italia), de motores y repuestos para los caza Mirage (Francia), así como del satélite francés.
Las interceptadas, en suma, serían no las narcoavionetas, sino las compras peruanas para luchar contra estas naves que transportan droga por nuestro cielo.
Ante esta infortunada situación, el gobierno humalista habría ordenado a la FAP proceder igualmente a la interceptación con los KT-1P disponibles. La FAP, sin embargo, acataría haciendo por ahora solo vuelos de reconocimiento sin interceptación, con cuatro aviones coreanos operativos a la fecha de los 20 contratados. Actualmente, solo habría dos A37 de instrucción solo de reconocimiento.
ALGUNOS ESCENARIOS
En apariencia, es la administración demócrata y la institucionalidad correspondiente del Departamento de Estado Norteamericano, sumada a los representantes del partido Demócrata, la que años atrás hizo aprobar la norma norteamericana que prohíbe proporcionar “asistencia, inteligencia o apoyo a la interdicción letal aérea”.
Esto ocurrió a raíz del derribamiento, durante el gobierno de Alejandro Toledo, de la avioneta de un misionero religioso y su familia sobre la Amazonía.
La política de interceptación ya tenía para entonces varios años de vigencia y había permitido reducir de 125 mil a 34 mil las hectáreas sembradas de coca en el Perú. Esa política implementada a mediados de los 90 por el gobierno de Alberto Fujimori se basó en la ley de la oferta y la demanda poniendo al mercado del lado de la lucha antidroga.
La interceptación redujo drásticamente la demanda en el lugar de producción al disminuir el número de vuelos de las narcoavionetas que venían de Colombia. Al caer la demanda y permanecer la oferta constante, el precio de la hoja de coca se derrumbó en el lugar de producción y los cocaleros se pasaron solos a otros cultivos sin que nadie los forzara. El apoyo que recibieron para la transición a un cultivo alternativo hizo el resto del trabajo.
Hoy, las narcoavionetas ya no vienen de Colombia, sino de Bolivia y de Brasil, y la política de interceptación tendría el mismo efecto de entonces.
Pero la política antidroga norteamericana se opone frontalmente a que el Perú ejecute la política de interceptación de narcoavionetas ejerciendo su soberanía aérea.
BUSCAR UNA SALIDA
Es posible que esa misma política continúe luego de las elecciones norteamericanas de noviembre, con una administración demócrata como la de Hillary Clinton. Pero no se puede suponer que la política pueda cambiar en una heterodoxa administración republicana, como sería la de Donald Trump. En cualquier caso, sin embargo, la negociación será una necesidad.
Este es el primer toro que le toca enfrentar al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, tanto al presidente en persona como al premier Fernando Zavala y al nuevo ministro de Defensa, Mariano González Fernández.
¿Van a concurrir todos ellos, o algunos de ellos, a Washington, a partir de noviembre próximo en que habrá un nuevo gobierno norteamericano, a negociar que EE.UU. modifique su política antidroga para que el Perú pueda ejecutar la suya?
Sin duda este es un toro bravo que va a poner a prueba la decisión política de un presidente que renunció hace poco a la ciudadanía norteamericana.
Expresso 18 de julio de 2016
