El Departamento de Trabajo de Estados Unidos emitió un pronunciamiento ampliando por seis meses el plazo para que Perú cumpla con sus recomendaciones laborales en el sector exportador textil y agroindustrial para acabar con las prácticas antisindicales y explotación laboral. En la respuesta, Estados Unidos reconoce algunos avances adoptados por el Gobierno de Perú limitados a la fiscalización laboral, sin embargo, señala que no se han abordado recomendaciones clave como poner un tope a la renovación indefinida de los contratos temporales.
«Las declaraciones del Departamento de Trabajo de Estados Unidos confirman que la queja no se cerrará hasta que el Gobierno de Perú apruebe reformas legales concretas para proteger los derechos de los trabajadores sujetos a contratos temporales. Estados Unidos ha dado seis meses más al nuevo gobierno para que tome acciones o correrá el riesgo de que la controversia se formalice», afirma Eric Gottwald, director de la organización estadounidense Foro Internacional de los Derechos Laborales (en inglés, International Labor RightsForum).
Esta respuesta se emite a dos días de vencer el plazo de nueve meses otorgado por Estados Unidos en un informe público (el 18 de marzo de 2016) para que cumpliera con sus recomendaciones laborales, ante la queja presentada por el Foro Internacional de Derechos Laborales, Perú Equidad y siete organizaciones sindicales donde se alegaba que el gobierno peruano incumple las normas laborales incluidas en el Tratado de Libre Comercio (TLC) en ambos sectores.
«Esta respuesta muestra la alta prioridad que el Gobierno de EE.UU. concede a estas preocupaciones por la situación laboral en el Perú», explica el abogado laboralista que interpuso la queja, Javier Mujica. El pronunciamiento destaca que durante la visita de la delegación del Departamento de Trabajo de Estados Unidos y del secretario de Trabajo, Thomas Pérez, a Perú se reunieron con el presidente Kuczynski para discutir las «preocupaciones y preguntas planteadas en el informe» y ?subrayar la importancia de que el Gobierno peruano adopte las medidas recomendadas?; incluso remarca que el propio ?presidente Obama reiteró este mensaje en una reunión posterior con el presidente Kuczynski en noviembre de 2016?.
Mujica señala que las únicas medidas que el Estado ha adoptado durante este periodo de revisión ha sido inaugurar una oficina de fiscalización en Arequipa -que cuenta con tan solo dos inspectores de trabajo- e incrementar el presupuesto de la SUNAFIL en 7.3 millones de soles. Adicionalmente, el Departamento de Trabajo informa que el Gobierno de Perú se ha comprometido a abrir cuatro nuevas oficinas de la SUNAFIL en los próximos meses lo que supondría que de 26 regiones, 14 contarían con una oficina de fiscalización laboral.
Sin embargo, el Departamento de Trabajo de Estados Unidos reconoce que el Gobierno de Perú no ha avanzado en las recomendaciones clave que propuso en su informe de marzo donde expresó «preocupaciones significativas» de si el marco legal «es suficiente para proteger el derecho a la libertad de asociación». Recomendó poner un tope a la renovación indefinida de los contratos temporales, modificando el artículo 32 del decreto ley 22342, para ajustarlo a la normativa general contenida en la Ley 728 que establece un tope de 5 años a partir del cual se debe hacer indefinido al trabajador. También señaló que el Estado debe reforzar la fiscalización laboral, lo que supondría incrementar el presupuesto de este organismo, así como el del Poder Judicial para los casos laborales.
En este primer informe de revisión, afirma que «el Gobierno de Estados Unidos alentará al Gobierno de Perú a adoptar medidas que aborden las cuestiones identificadas en el informe público del Departamento de Trabajo», y continuará monitoreando y «evaluando los avances del gobierno peruano durante los próximos seis meses». Esta postura contradice la posición mantenida por el Ministerio de Trabajo que niega que haya habido un incumplimiento del capítulo laboral y sostiene que ambos regímenes son «plenamente consistentes» con los compromisos establecidos en el TLC.
Cabe recordar que en dos informes emitidos por esta cartera ministerial (N 111-2008-MTPE/5 y N 23-2011-MTPE/2/14) con anterioridad, encontró que esta norma «habría sido utilizada como un elemento disuasivo contra la afiliación sindical» y constató la «imperiosa necesidad de reformar el régimen».
Por otra parte, IndustriaALL, una federación global que representa a 50 millones de trabajadores del sector minero, energético y manufacturero en 140 países, incluyendo la Federación Nacional de Trabajadores Textiles del Perú (FNTTP), solicitó a Estados Unidos que presionara a Perú para que cumpla con sus recomendaciones. Su secretario general, ValterSanches, envió el 9 de diciembre una carta al Secretario de Trabajo de EE.UU., Thomas Pérez, para instar al Departamento de Trabajo a que «tome las medidas apropiadas para que Perú cumpla con sus compromisos laborales en el marco del TLC», dado que «no han habido mejoras en la situación laboral» de los trabajadores de ambos sectores.
Mientras, las centrales sindicales del Perú (CTP, CGTP, CUT, CATP) enviaron un informe de actualización sobre la Queja del TLC dirigida al presidente Kuzcynski y Departamento de Trabajo de Estados Unidos el 12 de diciembre donde demuestran la inacción por parte del Gobierno peruano para cumplir con las recomendaciones laborales de EE.UU., incluyendo una actualización de los casos emblemáticos de la queja original. En señal de protesta, trabajadores y representantes sindicales convocaron hoy una movilización frente al Ministerio de Trabajo donde una delegación encabezada por la CGTP se reunió con representantes del Ministerio para conocer los próximos pasos que darán dado el nuevo escenario planteado por el comunicado del EE.UU.
EE.UU. da seis meses más a Perú para que cumpla recomendaciones laborales en el sector exportador
El Economista America 20 de diciembre de2016
