Arana y su compañero de bancada Edgar Ochoa votaron contra el proyecto de ley que ayer extendió la autorización para el ingreso de contingentes militares foráneos en el próximo año, conforme al requerimiento planteado por el Ejecutivo, continuando la práctica establecida por anteriores gobiernos.

Señaló que el rechazo de su bancada se debe a que la norma no incluyó una evaluación sobre la necesidad y otros motivos de las polémicas visitas, así como los supuestos beneficios para las fuerzas armadas y el hermetismo mantenido al respecto.

Eso nos hace pensar, dijo a Prensa Latina, que si bien puede haber cooperación militar con otros países, el tema no es abordado con un enfoque en el que prime la soberanía nacional, sino que ha primado el interés geopolítico de Estados Unidos de mantener su presencia militar en Perú.

Añadió que todo parece indicar que la autorización anual con fines de prácticas conjuntas en las regiones peruanas de Lima y el vecino puerto del Callao, Arequipa, Loreto, San Martín, Huánuco, Ucayali, Pasco, Junín, Huancavelica, Cusco, Ayacucho y Apurímac.

Arana subrayó la necesidad de un enfoque soberano de las visitas militares extranjeras, cuyos detalles no son conocidos por la población, y señaló que tal política resulta más necesaria ahora, con la elección del magnate Donald Trump como presidente de Estados Unidos.

Arana criticó también que el proyecto haya sido modificado dos veces y descartó el argumento invocado por la mayoría derechista, de que son cambios solo formales, lo que negó, al apuntar que, por ejemplo, se ha incrementado las regiones en las que operarán o harán prácticas las tropas extranjeras.

La norma aprobada autoriza el ingreso de personal militar foráneo al territorio peruano, de acuerdo con el programa de actividades operacionales de las fuerzas armadas del perú con fuerzas armadas extranjeras correspondiente al 2017.

También señala que el ministerio de Defensa podrá modificar por causas imprevistas el plazo de permanencia autorizado para los grupos militares extranjeros, de lo que solo tendrá que informar al parlamento en un plazo de 48 horas.