Corte Suprema acercó un paso más al Presidente Obama de obtener un veredicto final antes de dejar la Casa Blanca sobre su plan que protege de la deportación a más de 4 millones de inmigrantes indocumentados a través de los programas conocidos comoDACA y DAPA.
Los magistrados rechazaron este martes la petición de Texas para que se le otorgara un mes más para responder a la solicitud del Departamento de Justicia para que el máximo tribunal del país escuche el caso, dejando abierta la posibilidad de que el fallo sobre estos programas creados a través de una controversial acción ejecutiva de Obama se emita antes de la primavera del próximo año, según reporta el periódico USA Today.
La Corte dio a Texas solo ocho días adicionales, por lo que el Estado deberá responder antes del 29 de este mes, lo que le da tiempo a los magistrados a realizar la audiencia en enero y tener los argumentos orales y su fallo final en la primera mitad de 2016.
Barack Obama ha pedido al Tribunal Supremo que fije cuanto antes una fecha para decidir sobre los alivios migratorios.
En juego está el esfuerzo del Presidente para expandir el programa lanzado en 2012 para proteger de la deportación a unos 700,000 jóvenes indocumentados que fueron traídos al país cuando eran menores de edad (DACA), una medida que la acción ejecutiva emitida en noviembre de 2014 pretende ampliar para dar protección a unos 4 millones de padres indocumentados que tienen hijos estadounidenses (DAPA), dándoles permiso de trabajo y un número de seguro social por un periodo de tres años que puede ser renovado.
El tiempo es crítico para ambas partes. Si la Corte Suprema toma el caso y falla a favor de Obama para junio, su administración tendría siete meses para comenzar a implementar el programa antes de que Obama concluya su mandato. Pero, si el caso se pospone para el siguiente período de audiencias de la Corte Suprema, es casi improbable que el fallo se emita antes de que entre el nuevo presidente y, de ser un republicano, lo más seguro es que eliminaría la acción ejecutiva.
Una coalición de 26 estados que tienen gobernadores republicanos, liderados por Texas, han argumentado que Obama no tiene autoridad para proteger a un tercio de la población indocumentada sin la aprobación del Congreso.
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