Las empresas Gramercy Funds Management LLC y Gramercy Peru Holdings LLC (Gramercy) enviaron al Perú una notificación de arbitraje al amparo del Acuerdo de Promoción Comercial Perú-Estados Unidos (APC) en torno a su demanda de pago de sus bonos agrarios.
Gramercy, un fondo de riesgo, que busca inversiones en dificultades en los mercados emergentes, ha pedido al Perú llegar a un acuerdo de pago por un paquete de bonos agrarios que ellos han adquirido.
«La notificación se refiere a supuestas posesiones de bonos de la reforma agraria. Este es el intento más reciente de desprestigiar al Perú tras intentos similares en el pasado y más que nada parece estar diseñado por Gramercy para llamar atención a sus intereses particulares durante el momento actual del país», dijo el Ministerio de Economía y Finanzas en un comunicado.
El MEF recordó que ha establecido un procedimiento administrativo de pago para los tenedores de los bonos de la reforma agraria, el cual aplica una metodología de valoración establecida por el Tribunal Constitucional.
«Durante los últimos dos años, cientos de tenedores de bonos han participado y más de diez mil bonos han sido autenticados. El Ministerio continúa desarrollando e implementando la siguiente fase en el procedimiento administrativo para facilitar la actualización y el pago de los bonos», refiere el MEF.
Gramercy afirma tener diez mil bonos de la reforma agraria adquiridos entre 2006 y 2008 y no participa en el procedimiento administrativo establecido por el Perú. El fondo busca una valoración más alta de los bonos que ellos poseen.
Una herramienta que utiliza es el acuerdo de libre comercio firmado entre Perú y Estados Unidos, un derecho que solo tienen las personas o entidades de Estados Unidos.
«El Gobierno consistentemente ha rehusado entrar en converaciones serias sobre el asunto, lo que lleva a Gramercy a pedir el arbitraje», señaló gramercy en una nota de prensa.
El MEF dijo que sí han conversado, pero que no pueden ir más allá de lo que la ley ya estableció.
Además, el MEF indica que Gramercy no ha demostrado que es un inversionista legítimo que hizo inversiones legales en el Perú, o que tiene derecho a la jurisdicción en virtud del Tratado y tampoco ha demostrado que el Perú ha violado el derecho internacional.
«El Perú tiene una trayectoria excepcional en arbitrajes internacionales y ha vencido demandas valoradas en miles de millones de dólares y ha obtenido decisiones de más de cien millones de dólares a su favor. El Estado se defenderá vigorosamente», indica el MEF.
El Comercio 2 de junio de 2016
