Es el nombre de la campaña que han lanzado siete sindicatos y la ONG Perú Equidad para denunciar las precarias condiciones laborales y las prácticas antisindicales en el sector exportador textil y agroindustrial peruano. Plazo ante el TLC vence el 18 de diciembre.
Estas organizaciones presentaron una queja ante el Departamento de Trabajo de Estados Unidos por incumplimiento del Estado peruano del capítulo laboral del Tratado de Libre Comercio (TLC). Este departamento se mostró preocupado y determinó un plazo de 180 días-que vence el 18 de diciembre- para que el Gobierno cumpla con las recomendaciones formuladas. Hasta el momento, el Estado ha desoído sus preocupaciones.
“Al no haber aprobado reformas a la ley, el Gobierno de Perú corre el riesgo de que la controversia se formalice, una situación que podría afectar al comercio entre ambos países”, afirma Eric Gottwald, director de la organización estadounidense Foro Internacional de los Derechos Laborales (en inglés, International Labor Rights Forum).
“Esta campaña busca que el Gobierno peruano derogue ambos regímenes laborales. El crecimiento del sector exportador ha ido acompañado de la falta de cumplimiento de los derechos laborales; no podemos permitir que la competitividad de la marca Perú se dé a costa de condiciones precarias de empleo”, afirma Juan José Gorriti, secretario de relaciones internacionales de la CGTP.
El ‘made in Peru’ oculta una historia de abusos en empresas tan reconocidas como Topy Top o Agrícola Virú que venden a gigantes como Gap, Hugo Boss, Ralph Lauren o Wall Mart: acoso y despido de trabajadores sindicalizados, inestabilidad laboral con contratos de un mes, violaciones de la ley de seguridad e higiene y la falta de fiscalización laboral. Esta vulneración a los derechos laborales está amparada por la normativa que regula ambos sectores, la Ley que aprueba las Normas de Promoción del Sector Agrario (27360) y el Decreto Ley de Exportación No Tradicional (22342), que establecen peores condiciones laborales.
Estados Unidos se ha mostrado preocupado ante la situación laboral en el sector exportador, por ello, emitió un informe en marzo del presente año donde planteó seis recomendaciones que el Gobierno peruano debía adoptar antes del 18 de diciembre. Propuso poner un tope a la renovación indefinida de los contratos temporales, modificando el artículo 32 del decreto ley 22342, para ajustarlo a la normativa general contenida en la Ley 728 que establece un tope de 5 años a partir del cual se debe hacer indefinido al trabajador. También señaló que el Estado debe reforzar la fiscalización laboral. El pasado mes de noviembre una delegación del Departamento de Trabajo de Estados Unidos y el propio secretario de Trabajo, Thomas Pérez, visitaron Perú para dar seguimiento al cumplimiento de sus recomendaciones, sin embargo, hasta el momento, el Gobierno peruano las ha ignorado.
“A pocos días de que se acabe el plazo de nueve meses, todo indica que el Gobierno de Perú no cumplirá con ninguna de las recomendaciones propuestas por el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos. Esta actitud del Gobierno peruano es decepcionante ya que adoptando las recomendaciones podría restituir derechos básicos a decenas de miles de trabajadores peruanos”, explica Gottwald.
En la conferencia se hará una presentación de los temas más relevantes del proceso de negociación se llevó a cabo desde el 2012, así como del acuerdo de paz firmado entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC a finales del 2016. Se analizarán los desafíos y las... Leer más
